"Con la nueva normativa consideramos que se podrían estar vulnerando dos preceptos constitucionales", señalan: el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud y el 9.2, que regula "el papel de los poderes públicos como garantes del mismo". Estas organizaciones consideran que "el decreto ley 16/2012 del Gobierno de España modifica y limita derechos y libertades de las personas extranjeras y españolas reconocidas en leyes superiores".
Entre otras cosas, el decreto que reforma la normativa de acceso a la sanidad "elimina el carácter universalista de acceso, cambiando el concepto de persona, como titular del derecho a la salud, por el de asegurado", con lo que expulsa a miles de personas del sistema.
...
La declaración de las organizaciones denuncia que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mediante circular interna, sin ninguna fuerza vinculante, impida a los extranjeros en situación de irregularidad solicitar la tarjeta sanitaria". Quienes ya la tengan "podrán utilizarla hasta el 31 de agosto, pero a los inmigrantes que están tratando de obtenerla ya se les está exigiendo desde mayo tener la residencia, cuando antes sólo se pedía estar empadronado", lo que constituye "una medida ilegal y una expulsión anticipada del sistema sanitario", según el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Mariano Sánchez Bayle, informa Efe.
"En ningún caso aceptamos como argumento el supuesto ahorro que supondría excluir a una parte importante de la población extranjera", se quejan las organizaciones. Según sus datos, este colectivo solo supone un 0,8% del gasto sanitario, ya que se trata de personas jóvenes y, por lo general, sanas. La declaración termina exigiendo al Gobierno la retirada de la reforma "por injusta e insolidaria".
Fuente: El País
No hay comentarios:
Publicar un comentario