El 1 de septiembre está marcado en rojo en el calendario de muchas
personas, inmigrantes en situación irregular que ese día dejarán de
tener asistencia sanitaria en España (salvo las urgencias), según el real decreto ley del 24 de abril.
Y dentro de este grupo, hay un colectivo especialmente vulnerable: las
personas con VIH, que no tendrán acceso a la medicación. El Grupo de
Estudio del SIDA (Gesida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC),
que agrupa a los médicos expertos que ven a más pacientes en España,
calcula que son entre 2.700 y 4.600 personas, para las que la medida
es, en la práctica, una condena a muerte. No es una exageración: el
aumento de la mortalidad es la primera de las consecuencias que Gesida
prevé.
Pero no solo. “Más allá de consideraciones éticas, los expertos de
Gesida han querido advertir al Ministerio de Sanidad del ingente
perjuicio sanitario y económico que para la sociedad española supondría
dejar desatendidos a estos pacientes y más concretamente, del
empeoramiento generalizado que se produciría en el campo de la
infección por VIH: aumento de la mortalidad de los individuos
infectados, incremento en el número de enfermedades oportunistas y de
ingresos hospitalarios; aumento de la transmisión del VIH y de otras
enfermedades infecciosas —como tuberculosis— a la población general; y
mayor probabilidad de transmisión maternofetal del VIH. Todo lo
anterior tendría un efecto contrario al que se busca: el incremento de
los costes de la atención sanitaria”, afirman en un comunicado
En concreto, teniendo en cuenta que según se deja la medicación el
virus empieza a multiplicarse, las personas pasan a ser más infectivas.
Los expertos calculan que habrá en un año entre 324 y 580 casos más en
un año.
Esto quiere decir que los ahorros previstos no se van a alcanzar ni
de lejos. “En el capítulo de ahorros al sistema, a medio y largo plazo
lo que vamos a obtener es un incremento de los costes de atención. Pero
es que ni siquiera a corto plazo el ahorro se va a parecer en nada al
que ha estimado el Gobierno (en una horquilla entre 12,2 y 21.8
millones). Con previsiones muy a la baja, los costes directos que
supondrá el decreto por hospitalizaciones y visitas a urgencias
supondrán de entrada dividir por dos ese ahorro conseguido con la
denegación del tratamiento”. A ello hay que sumar los costes “que se
derivarán del tratamiento de personas nuevamente infectadas con derecho
a asistencia sanitaria, y el tratamiento de enfermedades transmisibles
asociadas al VIH que se transmitirán como consecuencia de la falta de
diagnóstico y tratamiento de los pacientes fuente”.
Para los médicos, la opción mencionada por la ministra de Sanidad,
Ana Mato, de que las ONG asuman el tratamiento de estas personas no es
viable, ya que el manejo de esta compleja infección debe hacerse en
hospitales. Por eso “recomienda al Ministerio que evite la exclusión de
los inmigrantes ilegales afectados por VIH de la atención pública
sanitaria”
Fuente: El País
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